Preguntas frecuentes sobre pericias en criptoactivos

El perito de oficio es designado por el juzgado y su dictamen es la pericia de la causa. En el proceso civil, cada parte puede designar un consultor técnico (art. 458 CPCCN y normas provinciales equivalentes), al que habitualmente se llama perito de parte. En el proceso penal, las partes pueden proponer peritos de control. El informe del consultor técnico no reemplaza a la pericia oficial, pero permite controlarla, observarla e impugnarla con fundamentos técnicos.

En blockchains públicas como Bitcoin, Ethereum o Tron, todas las transacciones quedan registradas y pueden seguirse. El rastreo permite reconstruir el recorrido de los fondos hasta exchanges u otros servicios identificables, lo que habilita el libramiento de oficios y el pedido de medidas cautelares. Existen límites: mezcladores, puentes entre cadenas y monedas de privacidad dificultan el análisis. El resultado es trazabilidad técnica, no una recuperación garantizada.

No. Nadie puede garantizar la recuperación de criptoactivos: depende de que los fondos lleguen a un exchange que responda a una orden judicial y de las decisiones del tribunal. Quien promete recuperación asegurada o cobra por adelantado un porcentaje de lo que supuestamente recuperará suele ser parte de una nueva estafa. Nuestro trabajo es producir prueba técnica sólida para el expediente.

Intervenimos en todo el país, en fueros nacionales, federales y provinciales, según la inscripción de cada perito del equipo. Buena parte del análisis sobre blockchain se realiza de forma remota sobre evidencia digital preservada, lo que permite actuar en causas de cualquier provincia. [[COMPLETAR: confirmar jurisdicciones de inscripción de los peritos]]

Para una primera evaluación sirven la carátula y el estado de la causa, el rol requerido (consultor técnico, perito de parte, informe extrajudicial), las direcciones de wallets, hashes de transacciones y capturas disponibles, los exchanges involucrados, los puntos de pericia si ya fueron propuestos y los plazos procesales en curso. No es necesario enviar documentación en el primer contacto.

Depende del alcance: cantidad de transacciones y cadenas a analizar, volumen de evidencia, urgencia y si se requiere ratificación en audiencia. La consulta inicial no tiene cargo. Antes de empezar se entrega una propuesta escrita con honorarios cerrados o por etapas. Nunca cobramos un porcentaje de lo recuperado.

Un informe técnico acotado, sobre un conjunto limitado de transacciones, suele demandar entre una y dos semanas. Los rastreos complejos, con múltiples saltos, cadenas o exchanges, requieren más tiempo. En todos los casos el cronograma se adecua a los plazos procesales de la causa y se informa en la propuesta.

Los informes se elaboran con metodología reproducible: cada afirmación se respalda con datos públicos verificables, como hashes de transacciones y números de bloque. La evidencia se preserva con cadena de custodia según la norma ISO/IEC 27037, el informe lo firma un perito matriculado y puede ser ratificado y explicado en audiencia.